Marco de Referencia en el Derecho de las Personas Mayores

Marco de Referencia en el Derecho de las Personas Mayores

| Mayo de 2017 |

 

La Cámara de Diputados de la Nación sancionó con fuerza de Ley un proyecto por medio del cual la Argentina ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 2015.

 

Hoy podemos celebrar la incorporación de la Convención de la OEA como parte del derecho vigente en nuestro país que contribuye al fortalecimiento de medidas legislativas, administrativas, judiciales y al diseño e implementación de políticas públicas de promoción de los derechos de las personas mayores.

El FIPeM bregó en cada una de sus participaciones por la ratificación de la Convención. Sin embargo, queda aún un largo camino a transitar.

Como consecuencia de estas legislaciones, las intervenciones sectoriales en materia de envejecimiento y desarrollo deberían llevar a la práctica los derechos reconocidos legalmente. No obstante, las normas legales no siempre se traducen en una cobertura real de los derechos en la vejez .

La brecha de jure y de facto de los derechos en la vejez obedece en parte a la inexistencia de mecanismos de exigibilidad. En este sentido, existen falencias en cuanto a la información. Los Estados tienen la obligación positiva de producir y entregar información pertinente en relación con los derechos de las personas mayores que ya están reconocidos en su legislación nacional.

Si bien existen experiencias en esta dirección, en la mayoría de los países las personas mayores desconocen los derechos que les han sido reconocidos, lo que reduce su efectividad.

Por otra parte, la exigibilidad también depende del presupuesto público. En la mayoría de las legislaciones existentes no se hace alusión a las fuentes de financiamiento para proteger los derechos reconocidos. Y en los casos en que sí se incluye en el cuerpo legal, esta disposición a menudo no se respeta. Ello restringe las posibilidades de acción de los organismos rectores del tema y de la institucionalidad pública en su conjunto para ampliar los niveles de protección de los derechos en la vejez.

Los derechos de las personas mayores derivan de la centralidad de la dignidad humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente, que no debe depender de la reserva de lo posible o de las disponibilidades del presupuesto estatal, sino del derecho fundamental a una buena administración y a una administración efectivamente servicial.

Por último, es importante señalar que el marco legal es el correcto, pero la sociedad aún no lo ha internalizado culturalmente. Es nuestra conducta, nuestro hábito cultural, el que acepta o rechaza lo que plantea la ley. Son numerosas aún las expresiones discriminatorias sobre la vejez. No se fomenta el respeto al curso de la vida. Por el contrario, el prejuicio hace que la toma de distancia se convierta en el primer paso del camino que nos aleja del otro. Todo ello debe cambiar.

El Estado -con su andamiaje institucional y sus programas de acción y de comunicación- y los numerosos actores de la sociedad deben comprometerse a favor de un genuino cambio de paradigma cultural sobre la vejez, que garantice igualdad de trato, basada en el derecho a la dignidad en todas las etapas del curso de vida.

Lic. Luis Quici